A la madrugada del pasado domingo 28 de junio el ejército hondureño depuso al presidente Manuel Zelaya y tomó las medidas de fuerza necesarias para evitar un alzamiento popular contra la controvertida decisión. Horas más tarde la prensa mundial calificaba el hecho como un infame golpe de estado.
Los militares que supuestamente dieron el golpe no se tomaron el poder, simplemente se limitaron a llevar sano y salvo al mandatario a Costa Rica y a esperar que el Congreso de la República en uso de sus facultades nombrara un nuevo presidente interino mientras se convocan elecciones extraordinarias. Todo esto al parecer en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia que había declarado ilegales algunos actos del presidente Zelaya y ante la incapacidad de la fiscalía de ejecutar dicha orden.
El presidente Manuel Zelaya, exitoso empresario maderero y caballista, siendo parte de la oligarquía local fue elegido por el derechista Partido Liberal pero una vez en el poder sorprendiendo a sus partidarios estrechó relaciones con Hugo Chávez, viró su discurso y proceder hacia la izquierda y comenzó a hablar de revolución pacifica y de cambios constitucionales reeleccionistas sin tener mayor eco en el congreso ni en las toldas de su partido. El último de sus fallidos intentos por cambiar la constitución para poder reelegirse lo hizo el pasado sábado al convocar por decreto una consulta popular que aprobara la formación de una Asamblea Constituyente.
Dicha iniciativa según el presidente de la Corte Suprema de Justicia “desobedece el fallo judicial de la sala de lo Constitucional, así como del Congreso Nacional, y el Ministerio Público.” Por eso el poder Judicial considera “que las Fuerzas Armadas como defensores de la Constitución han actuado en defensa del Estado de Derecho obligando a cumplir las disposiciones legales a quienes han actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna” tratando con ello de “ devolver al Estado de Honduras al Imperio de la Ley”.
Los acontecimientos de Honduras nos llevan a preguntarnos hasta dónde deberíamos dejar a un presidente cambiar la constitución de su país para sus beneficios personales o los de su partido ante la casi decena de presidentes latinoamericanos que han reformado las cartas magnas de sus países en aras de eternizarse en el poder o de enriquecer a sus familias y amigos cercanos.
América latina está construyendo sus nuevas democracias a punta de encuestas de opinión y de índices de popularidad permitiendo laxamente que principios popularmente aceptados y teóricamente correctos sean cambiados al vaivén de las necesidades personales de un cierto grupo de tiranos que se creen indispensables. Nadie parecía preguntarse en América latina que era lo legítimamente correcto ni hasta donde llegaba el espíritu de sus leyes forjadas duramente en los casi doscientos años de independencia que tienen las naciones de éste continente, hasta que ese pequeño y cálido país centroamericano ha decidido de manera ejemplar poner fin a ese pobre circo de monarcas democráticos.
Por supuesto no sorprende ver a Chávez, Morales, Correa, Uribe, Lula da Silva, Ortega y demás reelegidos rasgarse las vestiduras por la audaz decisión del ejército hondureño de deponer al presidente Manuel Zelaya protegiendo su constitución y siguiendo órdenes de la Corte Suprema de Justicia.
Darío Ortiz
Los militares que supuestamente dieron el golpe no se tomaron el poder, simplemente se limitaron a llevar sano y salvo al mandatario a Costa Rica y a esperar que el Congreso de la República en uso de sus facultades nombrara un nuevo presidente interino mientras se convocan elecciones extraordinarias. Todo esto al parecer en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia que había declarado ilegales algunos actos del presidente Zelaya y ante la incapacidad de la fiscalía de ejecutar dicha orden.
El presidente Manuel Zelaya, exitoso empresario maderero y caballista, siendo parte de la oligarquía local fue elegido por el derechista Partido Liberal pero una vez en el poder sorprendiendo a sus partidarios estrechó relaciones con Hugo Chávez, viró su discurso y proceder hacia la izquierda y comenzó a hablar de revolución pacifica y de cambios constitucionales reeleccionistas sin tener mayor eco en el congreso ni en las toldas de su partido. El último de sus fallidos intentos por cambiar la constitución para poder reelegirse lo hizo el pasado sábado al convocar por decreto una consulta popular que aprobara la formación de una Asamblea Constituyente.
Dicha iniciativa según el presidente de la Corte Suprema de Justicia “desobedece el fallo judicial de la sala de lo Constitucional, así como del Congreso Nacional, y el Ministerio Público.” Por eso el poder Judicial considera “que las Fuerzas Armadas como defensores de la Constitución han actuado en defensa del Estado de Derecho obligando a cumplir las disposiciones legales a quienes han actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna” tratando con ello de “ devolver al Estado de Honduras al Imperio de la Ley”.
Los acontecimientos de Honduras nos llevan a preguntarnos hasta dónde deberíamos dejar a un presidente cambiar la constitución de su país para sus beneficios personales o los de su partido ante la casi decena de presidentes latinoamericanos que han reformado las cartas magnas de sus países en aras de eternizarse en el poder o de enriquecer a sus familias y amigos cercanos.
América latina está construyendo sus nuevas democracias a punta de encuestas de opinión y de índices de popularidad permitiendo laxamente que principios popularmente aceptados y teóricamente correctos sean cambiados al vaivén de las necesidades personales de un cierto grupo de tiranos que se creen indispensables. Nadie parecía preguntarse en América latina que era lo legítimamente correcto ni hasta donde llegaba el espíritu de sus leyes forjadas duramente en los casi doscientos años de independencia que tienen las naciones de éste continente, hasta que ese pequeño y cálido país centroamericano ha decidido de manera ejemplar poner fin a ese pobre circo de monarcas democráticos.
Por supuesto no sorprende ver a Chávez, Morales, Correa, Uribe, Lula da Silva, Ortega y demás reelegidos rasgarse las vestiduras por la audaz decisión del ejército hondureño de deponer al presidente Manuel Zelaya protegiendo su constitución y siguiendo órdenes de la Corte Suprema de Justicia.
Darío Ortiz
El Nuevo Día, miércoles 1 de julio 2009
5 comentarios:
Darío, no son los presidentes los que cambian las constituciones, sino los pueblos a través de sus representantes. El presidente Zelaya sólo quería consultar al pueblo para saber si éste quería una reforma constitucional. ¿Qué hay de malo en ello? Nada más democrático que preguntar a la ciudadanía y nada más antidemocrático que impedirlo, ya sean jueces, diputados o militares quienes lo hagan. En Honduras los oligarcas con los que simpatizas simplemente han impedido la profundización en la democracia. Si te alegras, ya sabemos por qué. Pero se mire como se mire, y lleve traje de chaqueta, toga o uniforme verde olivo, un gorila es un gorila. ¡Viva la resistencia del pueblo hondureño a los golpistas de Goriletti! ¡Abajo la tiranía!
Jesusmj: La teoría es buena pero... ¿no le parece un poco ingenuo de su parte creer que Fidel, Chavez, Evo o Uribe estan en el poder porque el pueblo cambio las contituciones para que se puedan eternizar en el cargo?
¿Porqué Zelaya no utilizó las normas constitucionales para cambiar la constitución? ¿porqué tenía que intentar usar una medida ilegal como hizo Uribe, Chavez o Evo?
Además los gorilas y los policias estan ahí es para hacer respetar las leyes y la contitución y por una vez eso hicieron.
AndresG.
Fidel que yo sepa ya no está en el poder, pero los otros presidentes que usted dice lo están, nos gusten más unos u otros, porque la gente los vota. Eso es la democracia. Zelaya no cambió la constitución, quiso hacer una encuesta y colocar una 4ª urna en las próximas elecciones. ¿Qué hay de inconstitucional en eso? Uribe, en cambio modificó su constitución por vía parlamentaria y sobornando a diputados que no estaban por la labor, mientras que Chávez y Evo abrieron procesos constituyentes, con una gran participación de la sociedad civil y luego consultaron al pueblo. Eso también es democracia. ¿Por qué no le gusta a usted que sea el pueblo el que decida cuánto tiempo está en el poder un presidente? ¿Por qué llaman eternizarse al simple derecho a volverse a presentar a elecciones? ¿Por qué les parece tan grave lo que es normal en tantos países del mundo considerados democráticos (Reino Unido, Alemania, España y tantos otros)? Si hacer respetar las leyes pasa por secuestrar con nocturnidad a un presidente, encañonarlo, insultar a su hija y enviarlos en un avión fuera del país, perdona, pero tiene usted un peculiar concepto de la legalidad.
En america latina los presidentes están legislando más que los congresos elejidos democráticamente y donde si estan representadas algunas minorias. Zelaya como los otros quería pasarse por la faja al congreso y a la corte y no tenía derecho a hacerlo. Además las ordenes de captura contra Zelaya existen y a falta de una son varias sin embargo me queda una duda ¿ porque los militares dejaron que se fuera para Costa Rica y no lo arrestaron?
Tú mismo has puesto el dedo en la llaga. Si en vez de detenerlo con fuerzas policiales y una orden judicial, sino que un comando militar entró a tiros en su casa es porque no había ningún delito que reprocharle. Ahora, en estos días, habrán tenido tiempo de fabricar alguno, claro.
Infórmate bien. Los presidentes no legislan. Convocar una encuesta no es legislar. Convocar un referéndum para que la gente decida si quiere que una asamblea constituyente reforme la constitución es impecablemente democrático.
Quién se niega a ello es quien tiene que explicar en nombre de qué argumentos le niega el derecho a decidir a la gente. En Honduras, como en tantos países, la democracia era puramente formal, estaba secuestrada por la oligarquía. Ahora, cuando un presidente electo pretende devolvérsela al pueblo, los oligarcas muestran su verdadero rostro.
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