Tiro de gracia

El complejo ejercicio de la medicina en Colombia ha logrado que por ésta época muchos médicos recién graduados estén preparando sus exámenes para poder especializarse o ejercer su profesión dignamente en otros países. Las mejores condiciones del ejercicio de la medicina en Europa, en Norteamérica e incluso en algunos países latinos están promocionando un éxodo que seguramente se agravará con los recién sancionados Decretos de la “Emergencia Social” que incluyen grandes trabas para acceder a especialistas y una fuerte restricción al ejercicio profesional al limitar las posibilidades del médico de recetar medicamentos, tratamientos, exámenes y procedimientos.

Especializaciones pagadas en vez de cobradas como en Colombia, ingresos acorde con las responsabilidades y exigencias académicas de la que es la más larga de las carreras, en vez de las inhóspitas tarifas de la medicina preparada que obliga a ver mediocremente centenares de pacientes al mes son ya de por sí motivación excelente para que muchos jóvenes traten de probar fortuna en otras partes.

Mientras que los expertos en el tema esperaban una profunda reforma a la Ley 100, el gobierno, y tal vez porque el actual presidente fue el ponente de dicha ley en 1993, prefirió hacer casi dos decenas de cuestionados y cuestionables decretos que al parecer van a complicar un poco más si se puede el tema de la salud en Colombia.

Aparte del empeoramiento del ejercicio de la medicina lo que queda de manifiesto en esos decretos es que la atención médica será de quien sea capaz de pagarlas como lo es en Colombia la educación, la comida, la tierra, la vivienda etc. Nadie, ni el estado, ni las aseguradoras querían asumir la responsabilidad de las enfermedades costosas o catastróficas y el gobierno, protegiéndose y protegiendo el negocio de las EPS, lo ha definido claramente: las paga la víctima o su familia que quedará con las deudas al morir el enfermo.

Como era hace unas décadas las enfermedades catastróficas dejarán a las familias en la calle y si el paciente se salva quedará sin pensión ni cesantía. ¡Vaya decretos que hasta nuevos impuestos proponen! Cuando parte de la culpa del déficit fiscal lo tiene aquella ley 100 que su autor se negó a cambiar.

Al pensar en éstos temas de los enfermos pagando sus tratamientos hay que recordar el afán que tiene el gobierno que Estado Unidos le apruebe el TLC donde se protege a los laboratorios americanos de las baratas y nacionales drogas genéricas lo que haría incluso un poco más onerosa, si se puede, el costo de la enfermedades.

Probablemente los decretos, además de la excusa del déficit fiscal, ocultan de pronto realidades de fondo como el aumento de los casos de sida y de cáncer que de seguir creciendo en el mismo ritmo se volverían impagables en cualquier sistema y cuya culpa no pocos conocedores argumentan que se debe a falta de prevención estatal.

Ya que el evidente retroceso jurídico que esos decretos anti tutela conllevan solamente es comparable con la iniciativa de cadena perpetua para los violadores, tal vez ahora sea el momento de empezar a reunir firmas para hacer una iniciativa constitucional que nos permita aplicarnos una eutanasia inmediatamente nos confirmen el diagnostico de una enfermedad catastrófica y antes de arruinarnos y arruinar a los deudos en beneficio del sistema, o para que el gobierno nos colabore con darnos un económico tiro de gracia como el que le acaban de dar a nuestro ya precario sistema de salud.

Darío Ortiz